¡SOY MAYOR NO IDIOTA! Campaña contra el tsunami digitalizador

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Carlos San Juan , es un médico jubilado valenciano de 78 años; este hombre, es el impulsor de la campaña de sensibilización “Soy mayor No idiota” y se ha convertido en símbolo de la batalla por la inclusión financiera de los ciudadanos de más edad, en el David contra Goliat, porque su causa no la lidera por una injusticia personal sino en defensa de un colectivo que se siente discriminado y que es el suyo: los jubilados.

Todo surgió cuando un buen o mal día, en su oficina bancaria le invitaron a que cambiara de banco si no estaba conforme con la limitación horaria y con la forma de acceder al cajero para realizar sus gestiones. Él padece Parkinson y tiene «dificultades irresolubles» para usar el cajero. Ante este desplante, que Carlos no entendía, se quedó anonadado y decidió optar por un cambio de entidad bancaria. Y ahí es cuando se dio cuenta que todas las entidades se habían puesto de acuerdo para recurrir a una digitalización muy complicada con una limitación drástica [en el horario de atención al público] y, además, curiosamente, hasta la misma hora, las once de la mañana.

Y es así, como este médico jubilado, comenzó a revolucionar las redes sociales y la opinión pública al cuestionar el trato que los bancos venían dispensando a nuestros mayores. Ponía el dedo en la llaga cuando, hablando de la digitalización, afirmaba que «la deshumanización es un daño colateral de un mal llamado progreso». Y se ha convertido en símbolo de la batalla por la inclusión financiera de los ciudadanos de más edad.

Tal ha sido la respuesta que en estos momentos cuenta con más de 640.000 firmas y San Juan, ha sido reclamado como interlocutor de bancos, asociaciones de usuarios. Y el Banco de España y el Ministerio de Economía le invitó a una reunión en Madrid. A las puertas de este último organismo ha mantenido un diálogo imprevisto con la vicepresidenta económica, Nadia Calviño. Y, en muy corto espacio de tiempo, las entidades financieras han reaccionado en cadena elaborando protocolos propios, ampliando horarios de atención presencial y activando servicios de preferencia para seniors. El fenómeno se ha visto alentado por el apoyo explícito desde el propio Ejecutivo lo cual no dejaba de resultar llamativo.

Y es que, aprovechando la pandemia, las administraciones públicas fueron las primeras que se lanzaron a una espiral de digitalización de muchos de sus servicios, al tiempo que reducían de forma muy significativa la atención presencial. El resultado fue la negación de facto del acceso a los servicios para grandes sufridores de la brecha digital, afectando a la calidad de las prestaciones. Y, por si fuera poco, la vuelta a la nueva “normalidad” tras la superación del COVID 19, no ha hecho que las administraciones, salvo excepciones, recuperen la presencialidad perdida.

Hoy en día, la trasformación digital tiene una serie de ventajas:

  • Impulsa la innovación
  • Promueve la competitividad
  • Mejora la comunicación con los clientes
  • Reduce costes.

Con todas estas ventajas, este tsunami digitalizador presenta fisuras. Y es que, aunque se tenga una competencia digital media, la exigencia de utilización de diferentes navegadores y de estar al día en sus frecuentes actualizaciones, hace que la mera obtención de certificados digitales y presentación de documentos en sede electrónica pueda resultar un verdadero tormento.

Se podría decir que la digitalización amenaza con la exclusión de miles de personas de más de 65 años que no operan con internet ni tienen los conocimientos necesarios para hacerlo. Según un estudio del Eustat, en Euskadi el 58% de las personas de más de 65 años del País Vasco no son usuarias de internet ni tienen los recursos o conocimientos necesarios para poder utilizarlo; estas personas representan el 13,07% del total de la población vasca

Como última reflexión, deberíamos pensar qué estamos haciendo para garantizar la participación de las personas mayores en la sociedad y para afrontar los retos que, a veces de forma acelerada, se van planteando, sin olvidar el enorme impacto negativo de la pandemia Covid-19 en la vida de las personas mayores y la relevancia que la accesibilidad universal ha mostrado tener en situaciones críticas. Las condiciones de accesibilidad y habitabilidad en viviendas y centros residenciales, las carencias de accesibilidad en espacios públicos y la importancia de la accesibilidad en la información y la comunicación se han hecho especialmente evidentes.

 

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