Mirillas electrónicas, intimidad y protección de datos

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Las mirillas electrónicas o digitales se han convertido en dispositivos cada vez más habituales en viviendas particulares. Algunas de ellas incorporan funcionalidades que van mucho más allá de la tradicional mirilla óptica: detección de movimiento, fotografías automáticas, grabación de vídeo, visión nocturna, conexión wifi, almacenamiento en la nube e incluso visualización en tiempo real desde un teléfono móvil.

Pero ¿puede un propietario instalar libremente una mirilla de estas características en la puerta de su vivienda?

La respuesta, a la luz de la  Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Civil) n.º 1166/2025, de 17 de julio de 2025, es que no siempre.

El Tribunal Supremo ha confirmado la condena a unos propietarios que instalaron una mirilla electrónica en la puerta de su vivienda porque el dispositivo, debido a la configuración del edificio y a la escasa distancia entre las puertas, captaba de forma habitual a los vecinos de la vivienda situada enfrente, llegando incluso a permitir visualizar el interior de esta cuando se abría la puerta.

La resolución resulta especialmente relevante porque conecta dos ámbitos de protección que deben analizarse conjuntamente: el derecho fundamental a la intimidad y la normativa de protección de datos personales.

  1. ¿Qué ocurrió en este caso?

Las viviendas de los demandantes y de los demandados estaban situadas una frente a la otra, separadas por aproximadamente 1,5 metros.

Los propietarios de una de ellas instalaron en la mirilla de su puerta un dispositivo electrónico con múltiples funcionalidades: detección automática de movimiento, posibilidad de realizar fotografías, envío de alertas al teléfono, grabación de vídeo, visión de 180 grados, visión nocturna por infrarrojos, comunicación con la persona situada frente a la puerta, conexión wifi y almacenamiento en la nube.

El problema surgía porque, dada la proximidad y orientación de ambas puertas, el dispositivo se activaba cuando los vecinos de enfrente llegaban a su vivienda, salían de ella o recibían visitas.

Además, cuando se abría la puerta de la vivienda de los demandantes, el dispositivo podía llegar a permitir la visión del interior de dicha vivienda.

Los propietarios de la mirilla defendieron que la función de grabación no estaba activada porque el dispositivo no disponía de tarjeta de memoria.

El argumento no convenció al Tribunal Supremo.

  1. No es necesario demostrar que las imágenes hayan sido efectivamente grabadas

Este es uno de los aspectos más relevantes de la sentencia.

El Tribunal Supremo recuerda su doctrina anterior y señala que no es necesario acreditar que las imágenes hayan sido efectivamente grabadas.

Es suficiente con que el dispositivo tenga capacidad para captar y transmitir las imágenes y, potencialmente, para grabarlas.

La Sala considera irrelevante, por tanto, que en ese momento no existiera una tarjeta de almacenamiento instalada, puesto que el dispositivo podía captar y transmitir las imágenes y podía ser configurado para grabarlas.

Esta consideración tiene una consecuencia práctica importante: no debe analizarse únicamente si una cámara está grabando actualmente, sino también qué puede captar y qué funcionalidades incorpora el sistema.

La propia posibilidad de someter a una persona a una vigilancia permanente puede afectar a su derecho a la intimidad.

De hecho, el Tribunal Supremo ya había señalado en su Sentencia 600/2019 que el derecho a la tranquilidad de la vida privada comprende también el derecho a no soportar una incertidumbre permanente sobre si una cámara orientada hacia una propiedad está o no operativa.

  1. El rellano de una comunidad no es un espacio ajeno a la intimidad

Una de las alegaciones de los propietarios era que las imágenes se captaban en una zona común del edificio y que, por tanto, no existía una expectativa razonable de privacidad.

El Tribunal Supremo rechaza esta interpretación.

Que una zona sea común no significa que cualquier captación sistemática de imágenes de quienes transitan por ella sea legítima.

La Sala recuerda que la captación de quién entra o sale de un domicilio puede afectar a la intimidad, porque permite conocer aspectos relacionados con la vida privada de las personas y con sus relaciones personales y familiares.

Ya en su Sentencia 799/2010, el Tribunal Supremo había considerado que la grabación de las entradas y salidas de un domicilio afecta a la esfera íntima de la persona, al permitir ejercer un cierto control o vigilancia sobre una faceta que normalmente queda reservada al propio individuo y a su círculo íntimo.

Por tanto, la circunstancia de que las imágenes se capten en un rellano, portal o zona común no elimina automáticamente la protección de la intimidad ni la aplicación de la normativa de protección de datos.

  1. La clave: el principio de proporcionalidad

La sentencia no establece que todas las mirillas electrónicas sean ilegales.

Lo que hace el Tribunal Supremo es analizar las circunstancias concretas del caso y aplicar un juicio de proporcionalidad.

En términos generales, cuando existe una posible afectación de derechos fundamentales, debe valorarse:

  • si la medida es idónea para conseguir la finalidad perseguida;
  • si es necesaria, es decir, si existen alternativas menos intrusivas;
  • y si resulta proporcionada, ponderando los beneficios obtenidos frente a la afectación que produce sobre los derechos de terceros.

En este caso, el Tribunal concluye que la instalación no respondía realmente a una necesidad de seguridad.

Los propietarios pretendían fundamentalmente conocer si alguien acudía a su vivienda cuando ellos estaban ausentes, por ejemplo, para entregar un paquete.

Sin embargo, existían otros sistemas de seguridad y, además, el inmueble se encontraba en un recinto cerrado y disponía de servicio de conserjería.

Frente a ese interés, el dispositivo permitía captar de manera habitual a los vecinos de la vivienda situada enfrente.

Por ello, el Tribunal concluye que el beneficio obtenido por los propietarios no justificaba la relevante afectación de la intimidad de sus vecinos.

  1. ¿Qué relación tiene la sentencia con el RGPD y la LOPDGDD?

La cuestión no se limita al derecho a la intimidad regulado en el artículo 18.1 de la Constitución y desarrollado, entre otras normas, por la Ley Orgánica 1/1982, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen.

También existe una dimensión específica de protección de datos personales.

Una imagen de una persona identificada o identificable constituye un dato personal y su captación, transmisión, visualización o grabación puede constituir un tratamiento de datos personales.

El RGPD exige que todo tratamiento respete, entre otros, los principios de licitud, lealtad y transparencia, limitación de la finalidad y minimización de datos.

Esto significa que no basta con afirmar que una cámara está instalada «por seguridad».

Es necesario poder justificar:

qué finalidad se persigue, qué imágenes se captan, por qué es necesario captarlas y por qué no puede conseguirse esa finalidad mediante una medida menos intrusiva.

  1. El artículo 22 de la LOPDGDD: videovigilancia

El artículo 22 de la Ley Orgánica 3/2018, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD) permite el tratamiento de imágenes mediante cámaras o videocámaras cuando tenga como finalidad preservar la seguridad de las personas y bienes o de las instalaciones.

Pero esta habilitación no supone una autorización general para captar cualquier imagen.

La propia LOPDGDD establece límites relevantes. Entre ellos, dispone que únicamente podrán captarse imágenes de la vía pública en la medida en que resulte imprescindible para la finalidad de seguridad y establece un plazo máximo general de conservación de un mes, salvo determinadas excepciones vinculadas a la acreditación de hechos que atenten contra personas, bienes o instalaciones.

Por tanto, una mirilla que permite captar de forma sistemática la puerta de la vivienda de un tercero, sus entradas y salidas e incluso parte del interior de su domicilio presenta importantes dificultades para superar los principios de necesidad y proporcionalidad.

  1. ¿Y si se trata de una vivienda particular? La excepción doméstica tiene límites

Un aspecto que debe tenerse especialmente en cuenta es la denominada excepción doméstica.

El RGPD no se aplica a determinados tratamientos realizados por una persona física en el ejercicio de actividades exclusivamente personales o domésticas.

La AEPD explica, por ejemplo, que determinados sistemas de videoportero pueden quedar fuera de la normativa de protección de datos cuando se utilizan dentro de ese ámbito estrictamente personal o doméstico.

Pero esta excepción no debe interpretarse como una autorización para vigilar espacios ajenos.

Cuando un dispositivo permite reproducir o grabar imágenes de forma constante, especialmente cuando alcanza zonas comunes, patios o vía pública, el tratamiento puede exceder del ámbito estrictamente doméstico y quedar sometido a la normativa de protección de datos.

En consecuencia, instalar una cámara o mirilla digital en la puerta de una vivienda no convierte automáticamente el tratamiento en doméstico.

Habrá que analizar qué capta realmente el dispositivo y hasta dónde alcanza su campo de visión.

  1. No es lo mismo una mirilla tradicional que una mirilla electrónica conectada al móvil

Esta diferencia resulta fundamental.

Una mirilla óptica tradicional permite observar puntualmente el espacio situado inmediatamente delante de la puerta cuando el propietario decide mirar a través de ella.

Una mirilla electrónica con detección de movimiento, conexión wifi, transmisión en directo, grabación o almacenamiento en la nube puede tener una capacidad de vigilancia muy superior.

En el caso analizado por el Supremo, el dispositivo:

  • detectaba automáticamente el movimiento;
  • podía realizar fotografías;
  • podía enviar alertas al teléfono;
  • podía grabar vídeo;
  • tenía un ángulo de visión de 180 grados;
  • disponía de visión nocturna;
  • podía transmitir vídeo mediante wifi;
  • y contaba con posibilidad de almacenamiento en la nube.

Por ello, no puede equipararse sin más una mirilla óptica tradicional con un sistema electrónico capaz de captar y transmitir imágenes de terceros de forma automática.

  1. Diferencia importante: una mirilla particular no es lo mismo que la videovigilancia de una comunidad

La sentencia también permite diferenciar este supuesto de la instalación de cámaras de seguridad por una comunidad de propietarios.

El Tribunal Supremo recuerda su reciente Sentencia 1399/2024, de 23 de octubre, relativa a cámaras instaladas en zonas comunes.

En aquel supuesto, las cámaras estaban destinadas a la seguridad del edificio, se limitaban a las zonas comunes, los vecinos conocían su existencia y se habían establecido medidas para restringir el acceso a las imágenes. Entre otras garantías, el acceso estaba limitado a determinadas personas y las imágenes no se conservaban durante más de 30 días.

En ese contexto, el Supremo consideró que la afectación de la intimidad era proporcionada.

La diferencia con el caso de la mirilla electrónica es clara:

no es lo mismo un sistema de videovigilancia comunitario, aprobado para una finalidad de seguridad y sometido a garantías y controles, que un dispositivo instalado unilateralmente por un particular que permite controlar de manera directa a los vecinos de enfrente.

  1. ¿Qué ocurre con las cámaras instaladas por una comunidad?

La AEPD establece que, con carácter general, la instalación de cámaras en las zonas comunes de una comunidad de propietarios requiere previamente un acuerdo de la Junta de Propietarios.

Además, las cámaras deben limitarse a las zonas comunes y no deben captar viviendas colindantes, terrenos ajenos o espacios que no sean necesarios para la finalidad perseguida.

La Agencia también señala que el acceso a las imágenes debe quedar restringido a las personas designadas por la comunidad y que, cuando exista acceso a través de Internet, deben implantarse mecanismos que garanticen la identificación y autenticación de las personas autorizadas.

Es decir, la existencia de un sistema de videovigilancia no legitima por sí misma cualquier captación ni cualquier acceso a las imágenes.

  1. ¿Qué deberían hacer las comunidades de propietarios?

Desde una perspectiva práctica, cuando una comunidad se plantea instalar cámaras, debería comprobar, al menos:

  1. Finalidad: determinar qué problema concreto de seguridad se pretende solucionar.
  2. Necesidad: justificar por qué la instalación de cámaras es necesaria y no existen medidas menos intrusivas.
  3. Campo de visión: limitar la captación a las zonas estrictamente necesarias.
  4. Prohibición de captar viviendas ajenas: evitar que las cámaras enfoquen puertas, ventanas o interiores de viviendas de terceros.
  5. Acuerdo de la Junta: documentar adecuadamente la decisión de instalar el sistema.
  6. Información: cumplir el deber de información mediante la correspondiente señalización y facilitar la información adicional exigida por la normativa.
  7. Acceso restringido: establecer quién puede acceder a las imágenes y mediante qué procedimiento.
  8. Conservación: respetar los plazos aplicables y evitar conservar imágenes durante más tiempo del necesario.
  9. Seguridad: establecer medidas técnicas y organizativas adecuadas para evitar accesos no autorizados.
  10. Configuración técnica: utilizar, cuando sea necesario, máscaras de privacidad u otras medidas que impidan captar zonas que quedan fuera de la finalidad perseguida.

La propia AEPD recoge estas cautelas en su documentación específica sobre videovigilancia en comunidades de propietarios.

  1. ¿Y qué debería hacer un propietario que quiere instalar una mirilla digital?

La sentencia del Tribunal Supremo aconseja extremar la prudencia.

Antes de instalar una mirilla electrónica conviene comprobar:

¿Qué capta exactamente?

No basta con comprobar dónde está situada físicamente la cámara. Debe analizarse el campo de visión real del dispositivo.

¿Capta la puerta del vecino?

Si la respuesta es sí, existe un problema potencial.

¿Se activa automáticamente cuando pasan otras personas?

Un sistema activado por movimiento puede transformar una simple mirilla en un sistema de vigilancia permanente de quienes transitan por delante.

¿Permite grabar o almacenar las imágenes?

La sentencia deja claro que la capacidad potencial de grabación es jurídicamente relevante.

¿Permite visualizar las imágenes desde el móvil?

La transmisión remota incrementa significativamente la capacidad de control sobre las imágenes.

¿Capta el interior de una vivienda cuando se abre su puerta?

Este elemento resulta especialmente sensible y puede determinar por sí mismo una afectación especialmente intensa de la intimidad.

  1. Una conclusión importante: la tecnología no puede ampliar unilateralmente el derecho a vigilar

La principal enseñanza de esta sentencia puede resumirse en una idea:

El hecho de que un dispositivo pueda instalarse técnicamente en una puerta no significa que pueda utilizarse legítimamente para captar y controlar las entradas y salidas de los vecinos.

La protección de datos exige analizar la finalidad, la necesidad, la proporcionalidad, el campo de captación, las funcionalidades del dispositivo y las garantías aplicadas.

Y el derecho a la intimidad añade una protección especialmente relevante cuando la captación permite conocer quién entra y sale de una vivienda, cuándo lo hace y quién la visita.

En el caso resuelto por el Tribunal Supremo, la combinación de todos estos factores llevó a considerar ilegítima la instalación: el dispositivo se activaba sistemáticamente con los movimientos de los vecinos, podía captar el interior de su vivienda y permitía transmitir y potencialmente grabar las imágenes, sin que existiera una necesidad de seguridad suficiente que justificara esa afectación.

  1. La sentencia: una llamada de atención ante las nuevas tecnologías de vigilancia doméstica

La Sentencia del Tribunal Supremo 1166/2025, de 17 de julio, desestima el recurso de casación y confirma la obligación de retirar la mirilla electrónica, además de las consecuencias económicas derivadas del procedimiento.

La resolución no supone que las mirillas digitales sean ilegales en sí mismas.

Lo que establece es algo mucho más relevante desde el punto de vista de la protección de datos y de la privacidad:

la legalidad de estos dispositivos depende de cómo estén configurados, qué espacio captan, a quienes afectan y si existe una finalidad legítima que justifique la intromisión.

En un contexto en el que cada vez son más habituales los dispositivos domésticos conectados —mirillas inteligentes, videoporteros, cámaras wifi, timbres con cámara o sistemas de vigilancia accesibles desde el teléfono móvil—, el criterio del Tribunal Supremo constituye una referencia importante para recordar que la innovación tecnológica no elimina los límites derivados del derecho fundamental a la intimidad ni de la normativa de protección de datos personales.

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